Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz, urgió a redoblar esfuerzos en la intervención y determinaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones nacionales e internacionales y de la sociedad civil hacia la protección de niños y adolescentes.
Consideró fundamental respaldar y fortalecer al DIF nacional y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), organismos centrales en la protección y restitución de los derechos de este sector de la población.
Durante el parlamento abierto “Acciones que ha implementado la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Emergencia Sanitaria por Covid-19”, señaló que la infancia está en situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia.
“En nuestra nueva realidad hemos visto incrementos alarmantes en diversas violaciones a sus derechos; ante ello, esta procuraduría juega un papel fundamental para la salvaguarda y restitución de los derechos que se hayan visto vulnerados”.
Por su parte, Marco Antonio González Reyes estimó necesario conocer las acciones que este organismo ha implementado en prevención, denuncia, seguimiento, concientización y canalización para la defensa de niños y adolescentes, especialmente ante la emergencia sanitaria.
Sergio Mayer Bretón dijo que es necesario dar a conocer los protocolos a seguir cuando se detecta un problema de violencia familiar, a fin de saber cómo se debe actuar desde el Legislativo para tener los elementos que se requieren en este tipo de casos.
Laura Barrera Fortoul afirmó que la Procuraduría tiene bajo su responsabilidad cinco centros de asistencia social con una población de entre 180 y 200 niños. Hay mil 22 centros en el último registro y 28 mil infantes en situación de albergue. Pidió a la funcionaria datos respecto del cuidado de niños por la pandemia.
La procuradora Yolanda López Bravo explicó que el COVID-19 interrumpió los procesos de adopción y se incrementó la carga de trabajo.
Agregó que la emergencia sanitaria demandó a diversas áreas de la Procuraduría un mayor compromiso para continuar física y presencialmente en la atención de obligaciones, en lo que fue primordial el uso de las nuevas tecnologías.
